He comprado una falsificación: qué protección existe realmente

Conviene conocerlos porque son notablemente más amplios que en los países vecinos, y muchos consumidores renuncian creyendo estar fuera de plazo cuando no lo están.

El artículo 120.1 del texto refundido establece tres años de responsabilidad del vendedor desde la entrega, frente a los dos años de Francia, Alemania e Italia. El artículo 121.1 mantiene la presunción de anterioridad durante dos años, mientras que Alemania e Italia la limitan a uno y el Reino Unido a seis meses.

El artículo 124 fija la prescripción de la acción en cinco años, y este es el punto decisivo: el plazo corre desde que el defecto se manifiesta, no desde la compra. Sumando garantía y prescripción, la protección puede extenderse hasta unos ocho años.

Una precisión de honestidad: la aplicación de los tres años únicamente a los contratos celebrados a partir del 1 de enero de 2022 es una lectura doctrinal generalizada, pero la letra del Real Decreto-ley 7/2021 no reserva expresamente esa limitación más que a otros artículos. Si su compra es anterior a esa fecha, conviene verificarlo con un profesional antes de dar el plazo por adquirido.

Es la confusión más extendida en España, y conviene deshacerla antes de perder tiempo. Presentar una hoja de reclamaciones puede iniciar una mediación, siempre voluntaria, y puede dar lugar a un expediente sancionador. No genera indemnización alguna.

El artículo 46.1 del texto refundido separa expresamente los dos planos: las infracciones dan lugar a sanciones administrativas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden. La multa la cobra la administración, no usted.

Otra sorpresa para muchos: las hojas de reclamaciones no aparecen en ningún texto estatal. Son competencia de las comunidades autónomas, con diecisiete regímenes distintos y plazos de respuesta que van de diez días hábiles en Andalucía a un mes en Cataluña.

Lo que sí es estatal, y lo que conviene invocar, es el artículo 21.3: el profesional debe poner a disposición un medio electrónico de reclamación y responder en el plazo más breve posible y, en todo caso, en un máximo de quince días. El artículo 21.2 le da además derecho a una clave identificativa y a un justificante por escrito de su reclamación.

El arbitraje es la vía que sí puede devolverle el dinero sin acudir al juzgado, y su laudo es vinculante y ejecutivo para ambas partes según el artículo 57.1.

Tiene un límite estructural: la sumisión es voluntaria conforme al artículo 58.1. Si el profesional no está adherido y no acepta, el arbitraje no se celebra.

En cambio, existe una asimetría que le favorece y que conviene conocer. El artículo 57.4 dispone que no vinculan al consumidor los convenios arbitrales suscritos con un profesional antes de surgir el conflicto. Una cláusula de arbitraje incluida de antemano en las condiciones generales no le obliga a usted, aunque sí valga como aceptación por parte de la empresa.

Atención a una novedad que muchas fuentes aún no recogen: el Real Decreto 231/2008 está derogado y ha sido sustituido por el Real Decreto 713/2024, que introduce una caducidad de un año para acudir a la Junta Arbitral, además de exigir reclamación previa. Esperar demasiado cierra esta vía.

Una limitación que conviene conocer antes de emprender nada: si el vendedor es un particular, el derecho de consumo no se aplica en absoluto, conforme al artículo 97 bis c). Las plataformas de segunda mano difuminan esa frontera, pero jurídicamente es nítida.

En ese caso quedan las acciones del Código Civil por vicios ocultos y, si el vendedor conocía la falsificación, el dolo. La posible recalificación como profesional de quien vende de forma habitual y lucrativa también puede reabrir la vía del derecho de consumo.

Frente a un vendedor establecido fuera de la Unión Europea, el escenario más frecuente en falsificaciones en línea, varios mecanismos dejan de funcionar. El Centro Europeo del Consumidor no atiende litigios con vendedores de fuera de la Unión, y la administración española no puede investigar a una empresa extranjera.

Queda esencialmente el medio de pago, y sus plazos son más cortos de lo que se cree. Si pagó por transferencia, la orden es prácticamente irreversible una vez ejecutada, porque su devolución depende del consentimiento del beneficiario. Es exactamente por eso que los sitios fraudulentos insisten en esa forma de pago.

Verificamos la trazabilidad documental de una compra. Solicitamos formalmente al vendedor los documentos de aprovisionamiento del producto adquirido e informamos de su respuesta, incluida su ausencia. Un comerciante con aprovisionamiento ordenado dispone de esos documentos y los aporta sin dificultad.

No somos un laboratorio de autenticación, ni un despacho de abogados, ni un intermediario de pagos. No nos pronunciamos sobre la autenticidad de un objeto a partir de fotografías, y no recuperamos su dinero en su lugar.

Esta guía describe el estado del derecho español en la fecha indicada y no sustituye el asesoramiento de un profesional sobre su caso concreto.