Comprar en marketplaces: qué le protege y qué no

Casi todas las protecciones que los compradores creen tener solo se aplican frente a un vendedor profesional. El derecho de desistimiento de 14 días naturales, previsto en el artículo 102 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, exige un empresario. La garantía legal de conformidad, artículos 114 y siguientes, también.

Entre particulares, en Wallapop o en Vinted, ninguno de los dos existe. Es el malentendido más extendido, y las plataformas no tienen especial interés en deshacerlo.

Queda el Código Civil. El saneamiento por vicios ocultos, artículo 1484, se aplica entre particulares. Y la nulidad por dolo, artículo 1269, que suele encajar mejor cuando alguien vendió una falsificación como auténtica: el engaño vicia el consentimiento y la venta puede anularse.

El Real Decreto-ley 7/2021 reescribió la garantía legal española con efecto desde el 1 de enero de 2022. El artículo 120 establece que el empresario responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de tres años desde la entrega, frente a los dos años del mínimo europeo. Para contenidos y servicios digitales el plazo es de dos años.

Conviene no confundir dos reglas distintas que se citan a menudo como si compitieran. Los tres años son el plazo de responsabilidad del vendedor. La presunción de anterioridad, artículo 121, dura dos años: durante ese tiempo se presume que el defecto ya existía en la entrega y es el vendedor quien debe probar lo contrario. En el tercer año la carga de la prueba pasa al comprador.

Un detalle que casi todos los sitios españoles siguen publicando mal: el antiguo plazo de dos meses para comunicar el defecto al vendedor fue suprimido por la reforma de 2021. Ya no existe. Si lee en algún sitio que debe avisar en dos meses, esa información está desactualizada.

En bienes de segunda mano, comprador y vendedor pueden pactar un plazo menor, nunca inferior a un año. Es un punto relevante en relojería y lujo de ocasión.

El artículo 1484 del Código Civil obliga al vendedor a responder de los defectos ocultos que hagan la cosa impropia para su uso. Pero el artículo 1490 fija un plazo de seis meses, y lo cuenta desde la entrega, no desde el descubrimiento del defecto. Es el plazo que más compradores dejan pasar sin saberlo.

Cuando el vendedor sabía que el artículo era falso y lo presentó como auténtico, la vía más sólida es otra: la nulidad por dolo del artículo 1269. El plazo del artículo 1301 es de cuatro años. Un comprador que descubre la falsificación ocho meses después ha perdido la acción por vicios ocultos, pero conserva más de tres años para pedir la nulidad.

Vender a sabiendas una falsificación como auténtica puede constituir además una estafa, artículo 248 del Código Penal, lo que abre la vía penal en paralelo.

Un matiz del artículo 1484 que conviene conocer: la garantía no se aplica si el comprador es perito, es decir si por su oficio debía reconocer fácilmente el defecto. Un profesional del sector que compra entre particulares puede verse oponer esta excepción.

En el plano nacional, nada. El artículo 274 del Código Penal castiga la fabricación, la importación y la comercialización con fines industriales o comerciales, y prevé penas específicas para la venta ambulante u ocasional. Pero exige siempre esos fines comerciales, y por eso el comprador para uso personal queda fuera. La prensa jurídica española habla abiertamente de un vacío legal en este punto.

España se separa aquí de Francia y de Italia, que sí sancionan al comprador final. Es una diferencia real entre ordenamientos, y explica por qué los consejos encontrados en sitios franceses no sirven para un comprador español.

Hay sin embargo dos riesgos concretos. Algunas ordenanzas municipales sí sancionan al comprador: la ordenanza de convivencia de Barcelona contempla multas de hasta 500 euros para quien compra en el top manta, aunque el ayuntamiento ha presentado la campaña como informativa más que represiva. Y comprar en cantidad puede reinterpretarse como intención de comercializar, lo que devuelve el caso al artículo 274.

En todos los casos la mercancía se decomisa y se destruye, sin indemnización.

Conviene aclarar un error frecuente: la OCU no es una autoridad. Es una asociación privada de consumidores, útil para asesorarse y para acciones colectivas, pero sin poder de sanción ni de decisión.

El recorrido real empieza por la hoja de reclamaciones ante el propio comerciante, que en España debe estar a disposición del cliente. Después la OMIC, la oficina municipal de información al consumidor, gratuita y mediadora. Luego la Dirección General de Consumo de su comunidad autónoma, que sí tiene potestad sancionadora.

El Sistema Arbitral de Consumo es gratuito para ambas partes y su laudo es vinculante y ejecutable como una sentencia, con un plazo máximo de seis meses. Tiene un límite decisivo: es voluntario, y solo funciona si la empresa está adherida. Los vendedores de falsificaciones rara vez lo están.

Para el aspecto penal, la denuncia se presenta ante la Policía Nacional o la Guardia Civil.

Las fuerzas de seguridad españolas intervinieron 7 349 839 productos falsificados en 2025, frente a 6 189 015 en 2024, según el portal estadístico del Ministerio del Interior. La moda concentra 1 672 306 unidades, un 38 % más que el año anterior.

El dato más elocuente para quien compra bolsos o accesorios: la marroquinería creció un 106 % en un año, hasta 932 632 unidades. El calzado subió un 56 %.

En el plano europeo, España aparece citada por la EUIPO y la Comisión Europea entre los siete países que concentran el 90 % del volumen retenido en la Unión, y entre los seis que reúnen el 90 % del valor. La agencia europea de la propiedad intelectual tiene además su sede en Alicante.